El Tribunal Supremo deja en pie la prohibición de los "bump stocks"... de nuevo

El 3 de octubre, el Tribunal Supremo dejó en vigor la prohibición de los bump stocks, dispositivos que esencialmente permiten a los tiradores disparar rifles semiautomáticos de forma continua con un solo tirón del gatillo.

Por Ariane de Vogue y Devan Cole, CNN

(CNN) - La Corte Suprema se negó este lunes a considerar el último desafío a la prohibición federal de los bump stocks, manteniendo en su lugar la prohibición de los dispositivos que esencialmente permiten a los tiradores disparar rifles semiautomáticos continuamente con un tirón del gatillo.

Al negarse a conceder una apelación, los jueces no solo evitaron abordar una cuestión relacionada con las armas, sino que también eludieron el último desafío al llamado estado administrativo.

Bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos prohibió los dispositivos bump stock en 2019. Trump había ordenado una revisión de los dispositivos después de un tiroteo masivo en 2017 en Las Vegas, en el que un tirador armado con armas semiautomáticas y dispositivos bump stock abrió fuego desde su suite de hotel sobre los asistentes a un concierto al aire libre, matando a 58 personas e hiriendo a cientos de otras.

La cuestión en la disputa era si la ATF había excedido su autoridad en 2018 al reclasificar los bump stocks como ametralladoras bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego.

Los impugnadores enmarcaron su apelación como una disputa de separación de poderes, argumentando que una agencia federal -que no rinde cuentas al público- carecía de autoridad para emitir una regla final que prohibiera los dispositivos.

Recortar el poder de las agencias federales ha sido un proyecto de los conservadores durante años, y el tribunal actual -dominado por los nombramientos de los presidentes republicanos- ha sido receptivo a tales esfuerzos en otras áreas, incluso cuando frenó la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para luchar contra el cambio climático el año pasado.

Aunque el tribunal ha rechazado otros casos que desafiaban la prohibición de los bump stocks en los últimos años, la decisión del lunes contrasta con otras decisiones que los jueces han tomado en asuntos relacionados con las armas de fuego.

El año pasado, el tribunal anuló una ley de armas de Nueva York promulgada hace más de un siglo que impone restricciones a la portación de un arma oculta fuera del hogar, una opinión que marcó la mayor expansión de los derechos de armas en una década.

El caso que el tribunal se negó a tratar el lunes se basa en una decisión de 1984 que establece los factores que determinan cuándo los tribunales deben respetar la interpretación de una ley por parte de un organismo gubernamental. Según esta decisión, cuando los tribunales revisan la actuación de un organismo, deben considerar en primer lugar si la ley es ambigua. Si no lo es, el análisis termina. Sin embargo, si el lenguaje no es claro, un tribunal considera entonces si la acción de la agencia es una interpretación razonable de la ley. Algunos conservadores han criticado la doctrina, argumentando que los tribunales no deberían ceder ante las agencias.

En el caso que nos ocupa, W. Clark Aposhian, instructor de armas de fuego, compró un bump stock no mecánico antes de que se prohibiera. Tras la prohibición, Aposhian presentó una demanda, argumentando que la ATF no debería haber clasificado el bump stock como una ametralladora según la ley y que la agencia carecía de autoridad para emitir la prohibición. Perdió en el tribunal de distrito, y un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito lo confirmó, lo que le llevó a apelar al Tribunal Supremo.

El gobierno de Biden instó a los jueces a mantenerse al margen de la disputa, argumentando que no era un buen vehículo para examinar el alcance de la decisión de 1984 porque el estatuto subyacente no era ambiguo.

"Por lo tanto, la ATF determinó que los bump stocks son ametralladoras bajo el estatuto, no que la agencia tuviera autoridad discrecional bajo el estatuto para clasificarlos como ametralladoras", argumentó la Procuradora General Elizabeth Prelogar en los documentos judiciales.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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